En el estado de Chiapas, específicamente en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, se suscitó indignación luego de hacerse público que una niña de 10 años se convirtió en madre.
La menor enfrenta graves complicaciones de salud relacionadas al embarazo infantil.
Los médicos detectaron daños severos después del parto, incluyendo aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones en otros tejidos internos.
En tanto, el bebé, aunque llegó al mundo dos semanas antes de lo previsto y tras un parto prolongado por la inmadurez física de la madre, sobrevivió pese a las complicaciones.
La niña, identificada como Deysi ’N’, ingresó al Hospital de la Mujer acompañada por un joven de 18 años que se identificó como su esposo. Su bajo peso, menos de 40 kilos, y su estatura, poco más de 1,20 centímetros, dejaron en evidencia la falta de desarrollo físico indispensable para un embarazo y parto.
El pronóstico para la niña-madre sigue siendo reservado, con señales poco alentadoras. El bebé también se encuentra delicado a consecuencia de las dificultades presentadas al nacer.
Deysi fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde un trabajador social denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, lo que activó una investigación oficial.
Tras la denuncia, la persona que se presentó como su esposo desapareció, generando incertidumbre sobre su paradero y su posible responsabilidad.
¿Cómo se castiga el matrimonio infantil en México?
El matrimonio infantil está prohibido desde la entrada en vigor de reformas al Código Civil Federal y legislaciones estatales que fijaron los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio.
La legislación mexicana considera delito la cohabitación forzada y el matrimonio de personas menores de 18 años, y establece penas de ocho a quince años de prisión y multas considerables para quienes promuevan, faciliten u obliguen a menores al matrimonio.
El embarazo infantil en México se considera resultado, en la mayoría de los casos, de abuso sexual o violencia, y está estrechamente vinculado a la comisión de delitos graves.
El Código Penal Federal y los códigos estatales establecen penas de seis a veinte años de prisión para los responsables de abuso sexual o violación de menores, además de multas económicas que varían según la entidad.
