La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera ha entrado en su fase más delicada. El conflicto ya no gira en torno a reproches mediáticos, pensiones o viejos acuerdos de custodia: hoy el eje central es el bienestar psicológico de su hijo adolescente de 15 años.
En Miami, donde se dirimen actualmente los procesos judiciales, el caso ha escalado hasta un escenario extremo: la posibilidad real de que el menor sea enviado a un internado internacional como solución neutral, ante la incapacidad de ambos padres para llegar a un acuerdo mínimo de coparentalidad.
Desde hace semanas, Colate y Paulina atienden múltiples litigios relacionados con la custodia y el lugar de residencia de su hijo. El empresario español lleva más de seis años intentando que se escuche formalmente el deseo del adolescente de vivir en España junto a su familia paterna. Sin embargo, el último año ha sido el más tenso y complejo del proceso. El punto de inflexión llegará cuando el joven declare directamente ante la jueza; esta declaración, ya pospuesta una vez, ha sido autorizada por ambos progenitores.
El jovencito hablará frente al tribunal, así, sin intermediarios ni interpretaciones parentales. Por primera vez, su voz será escuchada de forma directa, en una vista que inevitablemente será pública y que puede marcar de manera definitiva el rumbo de su vida familiar y académica.
LA NIÑERA DEL NIÑO TUVO QUE DECLARAR
La llamada guardiana del menor, declaró representando exclusivamente el interés superior del menor. En su testimonio se escuchó, por primera vez de manera oficial, que, según el hijo, ambos padres son tóxicos y lo mantienen en un estado constante de tensión. El informe elaborado por la autoridad fue contundente: el hijo de Paulina Rubio describe un agotamiento emocional severo, una relación tensa con su madre y un deseo firme de vivir con su padre en España. Sin embargo, también advierte sobre un apego excesivo que, a nivel psicológico, se considera un factor de riesgo, ya que podría indicar que su deseo principal sea simplemente jugar fútbol.
De este diagnóstico surge una recomendación polémica y extrema: que el menor sea enviado a un internado fuera de España, de modo que no viva ni con su madre ni con su padre. La medida busca sacarlo del conflicto permanente, neutralizar influencias parentales y proteger su salud emocional. Dicha propuesta, aunque choca directamente con el deseo expresado por el propio adolescente, podría ser la única solución viable.
PAULINA SIGUE EN DEPRESIÓN
Durante las últimas vistas judiciales, la conducta de Paulina Rubio ha sido observada con atención por el tribunal. La cantante ha faltado a varias audiencias y, en una de las más recientes, se negó inicialmente a activar la cámara durante una sesión virtual, lo que obligó a la jueza a intervenir.
Fuentes cercanas al caso revelaron a TVyNovelas que Paulina sigue deprimida y que, al no arreglarse, no quería encender la cámara. Sin embargo, esta actitud podría ser interpretada como una falta de implicación en el proceso o como una subordinación del conflicto legal a su agenda profesional, un elemento que podría influir en la resolución final.
El punto de quiebre del conflicto actual se produjo en 2019, cuando Paulina Rubio presentó una moción legal urgente en una corte de Miami contra su exesposo. En ese documento, la cantante denunció que Colate había ocultado el paradero de su hijo, violado el acuerdo de custodia compartida firmado en 2014 y bloqueado el contacto regular entre madre e hijo mediante llamadas telefónicas y FaceTime.
Además, lo acusó de involucrar al menor en un proceso de alienación parental y de poner en riesgo su bienestar emocional, afirmando que, al comunicarse con la escuela, fue informada de que el padre se había llevado al niño sin previo aviso.
Colate negó públicamente estas acusaciones y declaró en medios estadounidenses que no comprendía el objetivo de la demanda, sugiriendo que el momento elegido podría tener la intención de desestabilizarlo antes de su participación en un reality show.
EL ACUERDO QUE TERMINÓ EN CONFLICTO
Tras la demanda de divorcio presentada en 2012, la expareja firmó en 2014 un acuerdo legal que estableció una pensión alimenticia cercana a los siete mil dólares mensuales (poco más de 120 mil pesos mexicanos) que Paulina Rubio debía pagar a su exmarido para garantizar un nivel de vida similar para su hijo.
Ese mismo acuerdo formalizó la custodia compartida, que, lejos de generar estabilidad, se convirtió en el inicio de una década de conflictos judiciales, demandas cruzadas y constantes modificaciones solicitadas ante la corte.
